El presidente del Parlament, Josep Rull, ha desestimado la petición de la CUP de expulsar al portavoz de Vox, Joan Garriga, del Parlament y suspender su actividad parlamentaria por haber exhibido un cartel con la frase ‘Lluís Companys assessí [asesino]’during the offering organized by the Parliament to the former president.
El jefe del hemiciclo, explican fuentes parlamentarias, ha considerado que, de acuerdo con los informes jurídicos del Parlament y ateniendo a la explicitud del artículo 241 del reglamento -que dice que la expulsión solo puede hacerse si el diputado provoca “altercados” o tras ser avisado cuatro veces por la presidencia- “no concurren las condiciones” para ello.
Los hechos de Vox que han motivado esta situación han ocurrido este miércoles al mediodía durante el receso del pleno. El Parlament ha organizado un homenaje al expresident fusilado por el franquismo porque la semana pasada se cumplió el 85 aniversario de su muerte. El acto se ha celebrado en zonas próximas a las dependencias de Vox, y este partido ha aprovechado la circunstancia para colgar las pancartas contra Companys en las ventanas de sus despachos.
Esto ha indignado a la CUP y a ERC. Los anticapitalistas han registrado un escrito ante la Cámara para pedir que la Mesa del Parlament emprenda “acciones contundentes” contra el partido de extrema derecha por incumplir el Código de Conducta. Quieren que se sancione a todos los diputados del grupo y que se le retire temporalmente al portavoz del grupo, Joan Garriga, sus funciones parlamentarias.
Seis casos pendientes en la comisión
La decisión se ha tomado en una reunión de urgencia de la Mesa al finalizar el pleno de este miércoles, después de que ERC y la CUP hayan presentado este jueves una queja formal a la Cámara por la acción de Vox. Los republicanos, sin embargo, no pedían la expulsión del diputado -que solo puede proceder el presidente del Parlament-, sino que el órgano rector derivara el caso a la comisión del estatuto del diputado, que es la que se encarga regular los conflictos que surgen sobre los derechos y deberes de los parlamentarios- para verificar si se había vulnerado el código de conducta, algo que también ha solicitado la CUP en su escrito. La Mesa ha aceptado trasladar este caso a este órgano, que suma así dos nuevos casos pendientes de analizarse.
Son ya seis los expedientes que tiene pendiente de resolver desde que se inició la legislatura esta comisión, que desde el año pasado solo se ha reunido una vez y nunca ha incluido en el orden del día proceder con las causas pendientes de verificación. Por ello, los republicanos, junto con los Comuns, han presentado otro escrito a la Mesa para forzar una convocatoria urgente de este órgano, que puede ser solicitado por el jefe del Parlament o por dos grupos. Aun así, la última palabra para convocar el órgano la tiene el presidente de la comisión, en este caso, Antoni Castellà (Junts).
ERC urge a reformar el reglamento
Antes de la reunión de la Mesa, la portavoz de ERC, Ester Capella, ya había denunciado que la comisión no se esté reuniendo para dar respuesta a las peticiones pendientes de verificación. Los republicanos consideran que tanto Vox como Aliança Catalana han hecho proliferar en la Cámara unos “discursos de odio” que son inaceptables y que no están amparados por la libertad de expresión. Ante ello, piden las “medidas oportunas” para poner coto a estos pronunciamientos. Empezando por convocar la comisión que debe velar por el cumplimiento del código.
ERC también ha denunciado comportamientos islamófobos contra su diputada Najat Driouech. “Buscan la deshumanización de personas. Tenemos que evitar que estos discursos proliferen”, ha zanjado Capella, que ha abogado por una reforma del reglamento del Parlament. Junts también ha expresado su condena a la actitud de Vox.
Este episodio vuelve a poner de relieve un debate que el Parlament aún no ha solucionado: ¿Qué límite tiene la libertad de expresión en la Cámara? Hay voces que consideran que es prácticamente ilimitado, teniendo en cuenta que la Cámara debe ser un referente de libertades. Hay otras que, sin embargo, creen que hay que poner coto a determinados discursos, que traspasan los límites de expresión al vulnerar derechos fundamentales. La cuestión que tensa el debate es dónde poner este límite.
Más tensión
El episodio de Companys ha coincidido con una jornada tensa de pleno en que Vox ya había sido amonestado varias veces por faltar al “decoro” del Parlament. Rull, ha dado varios toques de atención al diputado Alberto Tarradas por considerar a todas las personas que profesan el islam “delincuentes que denigran a la mujer” y por decir que la mayoría de partidos del hemiciclo se asemejan al franquismo por “tolerar y abrir las puertas” a esta religión. El parlamentario ha hecho estas declaraciones durante el debate del pleno para investigar los abusos contra menores del Patronato de la Mujer, unos hechos perpetuados por la dictadura de Franco que Tarradas ha puesto en duda y su partido, junto al PPC, se ha opuesto a indagar.
Cambio del nombre del auditorio
El órgano rector, además, ha acordado en la reunion de urgencia de este miércoles que el auditorio lleve el nombre de ‘Lluís Companys’ para “poner en valor la memoria democrática”. Según explican fuentes parlamentarias, hasta el momento era un “acuerdo no escrito” que se ha retificado tras los “ataques” contra el que fuera el primer president del Parlament (1932-1933) y el número 123 de la Generalitat (1933-1940).
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