El pasado 1 de septiembre, el catedrático de Ciencias Políticas Manuel Villoria comenzó a llevar las riendas de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Se trata de un novedoso organismo, adscrito al Ministerio de Presidencia y Justicia, en el que ponen sus esperanzas un puñado de ciudadanos españoles que en un momento dado se atrevieron a alzar la voz y alertar de conductas presuntamente corruptas dentro de las administraciones o empresas en las que trabajan. Desde entonces sufren graves episodios de acoso, trabas profesionales y en muchos casos el rechazo y silencio de sus compañeros.
La puesta en marcha de la oficina de Villoria llevaba pendiente desde que en marzo de 2023 entró en vigor la ley para dar protección a estas personas, en cumplimiento de una directiva europea. Esta norma ha obligado a la creación de sistemas internos de información o “canales de denuncias” tanto en empresas como en entidades públicas para prevenir represalias contra los informantes, e incluye incluso un catálogo de sanciones por incumplimiento de estas obligaciones.
Pero en la práctica, y salvo por algunos organismos autonómicos que ya funcionaban en este ámbito, aquellos ciudadanos que se han atrevido a dar la voz de alarma se encuentran en la mayoría de las ocasiones en una situación de absoluta desprotección. Un ejemplo es el de una trabajadora interina del Ayuntamiento de Mataró (en Barcelona) que perdió su empleo pese a ser una de las primeras personas protegidas por la Oficina Antifrau de Catalunya.
Una situación similar relata, en conversación con El PERIÓDICO, la secretaria municipal en el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) Alicia Vilches, que relata los cinco años de presiones y amenazas de todo tipo que sufre desde que, tras lograr la plaza en junio de 2020, advirtiera al equipo de Gobierno de determinadas irregularidades que había detectado en el sistema de estabilización de puestos de trabajo, que parecían apuntar a una práctica favorable a conseguir plaza para familiares.
Bajas y denuncias
“Veo que se eliminan expedientes, que se elaboran las bases para los procesos selectivos por quien no está habilitado, y aviso verbalmente y por escrito”, detalla esta trabajadora, que sumó a estas advertencias otras sobre asuntos urbanísticos realizadas junto a otra compañera que asegura han acabado en manos de la Fiscalía Europea, por sospechas de uso fraudulento de fondos de la UE. A partir de ese momento, relata todo un calvario de presiones, amenazas e incluso acciones judiciales contra ella que la han llevado a cogerse hasta dos bajas laborales de larga duración.
“Desde que el día puse las denuncias yo ya soy el bastión a eliminar” señala a este periódico justo el día en el que se ha incorporado al trabajo, en un despacho que encontró sucio, donde ya no puede disponer de su documentación- -“se ha eliminado mi trabajo de cinco años”, lamenta– y el ordenador no cuenta con el sistema operativo necesario para desarrollar su labor como secretaria del Ayuntamiento. Lo documenta en un vídeo que ya ha trasladado a sus abogados.
Apoyo ciudadano
Para la Fundación Hay Derecho, que ha puesto recientemente en marcha la campaña #GraciasDenunciantes, estos ciudadanos son un elemento clave para sacar a la luz la corrupción y las malas prácticas en nuestras instituciones. El objetivo de la campaña, según explica a este diario la directora general de la Fundación, Safira Santos, es sensibilizar a la ciudadanía para promover un entorno de mayor protección hacia quienes se convierten en alertadores.
Entre los protagonistas de esta campaña están Vilches y también Antonio Rico, que relata que durante su etapa como policía local en el Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante) sufrió acoso tras dar la cara frente a las irregularidades cometidas por varios compañeros ante la pasividad del Ayuntamiento.
Tanto él como la funcionaria zaragozana han sido nominados al Premio Hay Derecho, que destaca la labor de personas y entidades que destacan por su compromiso con la defensa del Estado de derecho y este año celebran su X edición. Y los dos han sido recibidos recientemente por el responsable de la nueva Autoridad Independiente.
A diferencia de la secretaria municipal, el policía sí ha contado con alguna protección, pues ostenta el estatus de víctima protegida por la Agencia Valenciana Antifraude . Relata a EL PERIÓDICO que su “calvario” comenzó en 2010, cuando percibió los “chanchullos” y la impunidad con la que se manejaban algunos de sus compañeros. “Como, por desgracia, suele ser habitual, la mayoría prefirió mirar para otro lado para evitar las consecuencias que podría tener actuar en ese entorno hostil -añade-. Varios compañeros concluimos que debíamos hacer algo y, por ello, decidí denunciar y personarme como acusación particular ante la sorprendente pasividad del Ayuntamiento”.
Indemnización constitucional
El Tribunal Constitucional avaló el pasado mes de marzo la indemnización de casi 100.000 euros con los que la justicia ha compensado a Rico por el hostigamiento sufrido a lo largo de casi 12 años. A pesar de ello ni el alcalde ni otros implicados en su caso han sido sometidos a ningún tipo de expediente disciplinario por lo ocurrido.
El agente, hoy destinado en Murcia, tiene claro que denunciar irregularidades conlleva multitud de problemas personales, profesionales y familiares. “Es injustificable que, por alertar unas irregularidades evidentes, los delincuentes sean capaces de destruir a los denunciantes y expulsar a los honestos del sistema“, lamenta.
Para la directora de Hay Derecho la puesta en funcionamiento de la Autoridad Independiente, pese al retraso desde la aprobación de la ley, es una buena noticia, teniendo en cuenta además la “gran solvencia y el compromiso” que representa Manuel Villoria, quien venía presidiendo el Observatorio de Buena Gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos.
Manuel Villoria, president of the Independent Corruption Whistleblower Protection Authority, / EP
Formación y presupuestos
No obstante, la jurista advierte de la falta de medios materiales y humanos que se ha dado a esta oficina, que carece de dotación económica ante la falta de Presupuestos. Alerta de otras carencias para aplicar la ley, como la insuficiencia de formación de las personas encargadas de gestionar el canal de denuncias interno en las empresas o el hecho constatable de que alertar de la corrupción se convierta siempre “en una carrera de obstáculos, cuando debería haber tranquilidad y certidumbre”.
Apunta también a la existencia de las oficinas territoriales Antifraude que ya funcionan en algunas comunidades autónomas, pero que apenas tienen competencias de protección y cuyo funcionamiento está muchas veces a expensas de los vaivenes políticos, como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. “Además, cuando se da una alerta se tiene que investigar, los alertadores se la juegan para algo, para que se investigue y la información pase luego a la Fiscalía o al órgano de control administrativo que corresponde”, señala Santos. “La ley no es nada sin sus garantías”, concluye.
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