El expresidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha solicitado su absolución en la causa abierta por la presunta contratación irregular de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la institución provincial en 2017.
Ambos, junto a otros nueve cargos y trabajadores de la diputación pacense, están investigados por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. El juicio, que se celebrará en la Audiencia Provincial, está pendiente de fecha y la acusación popular, liderada por Manos Limpias, pide 3 años de cárcel para David Sánchez y Gallardo, además de 15 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para este último.
En el escrito de defensa que ha remitido su abogado al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, niega “categóricamente” haber participado en cualquier actuación delictiva, por lo que solo procede su libre absolución.
La defensa mantiene que Gallardo no fue quien, ni antes del 25 de octubre de 2025 ni en otra fecha, decidió ningún crear puesto, pues ese cometido está reservado al pleno de la corporación. Lo que sí hizo en la reunión que el equipo de gobierno mantuvo en octubre de 2016, “y no antes”, fue acordar una modificación de la relación de puestos de trabajo de la institución provincial consistente en la creación del puesto directivo de coordinador de actividades de los conservatorios, que fue aprobada en sesión plenaria en diciembre de ese año.
En este sentido, reitera que, al asumir la creación de este puesto, Gallardo no albergaba el propósito de adjudicárselo a David Sánchez, a quien no conocía en esa fecha, ni a ninguna otra persona concreta, ni que tampoco se creó obedeciendo a peticiones del “innominado entorno” de este, al que alude la acusación popular, que fueron “ajenos del todo” al procedimiento para cubrir la plaza, que convocó el diputado de Recursos Humanos.
En el escrito, se insiste en que el líder del PSOE fue “por completo ajeno”a los hitos y vicisitudes del proceso de selección de los candidatos y que su única función fue la de dictar la resolución, un acto este de carácter debido porque las bases de la convocatoria no le permitían apartarse de la propuesta formulada por la comisión de valoración.
Relación profesional
La defensa señala que la relación entre Gallardo y el hermano del presidente del Gobierno fue únicamente “la propia y habitual” entre el presidente de la diputación y el resto del personal directivo de la institución, sin que le correspondiese al primero vigilar los horarios ni obligaciones laborales del segundo, lo que no significa que “conociera y consintiera” los pretendidos incumplimientos que se atribuyen a David Sánchez.
Asimismo, defiende que “no hay atisbo de ilegalidad” en la modificación del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas, en el que Gallardo no tuvo más participación que el resto de los diputados que votaron el cambio “y que, felizmente para ellos, no han sido imputados”, ni tampoco en la creación y adjudicación, vía comisión de servicio, de la plaza que ocupó el exasesor de Moncloa, Luis Carrero.
El abogado de Gallardo termina su escrito llamando la atención sobre la “transmutación de la causa” que, recuerda, se inició por una denuncia por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, fraudes y malversación contra David Sánchez, “devenida hoy en un procedimiento en el que se postula la existencia de prevaricaciones sin resoluciones injustas, nombramientos ilegales para cargos de designación discrecional y tráficos de influencias en los que no hay atisbo de relaciones de prevalimiento”.