Baltasar Garzón defiende el cumplimiento de la ley de Memoria Democrática frente a las críticas del Gobierno madrileño. Analiza la lucha contra la corrupción, los casos que salpican al PSOE y la independencia judicial.
La decisión del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática no ha gustado a Isabel Díaz Ayuso, que lo considera un uso político de la memoria democrática. ¿Hay una instrumentalización política de la memoria o se trata de una obligación moral y legal del Estado?
Hacer este tipo de actos, más que una obligación moral, es una obligación legal porque a la presidenta Ayuso se le olvida que hay una ley que establece cuáles son las obligaciones legales y establece como competencia del Ejecutivo, decretar lugares de memoria por la significación que tuvieron en la represión durante la dictadura. Lo idóneo sería que fuera de forma consensuada, pero cuando lo que se pretende es incumplir la ley, surge el problema. La historia nos puede gustar o no, pero la norma lo que pretende es reconocer ese lugar como un lugar de memoria porque allí se cometieron infracciones y delitos graves y es en beneficio de las víctimas. Si afrontáramos esto con una visión de normalidad, no habría debate. Lo que hay que hacer es despolitizar la memoria porque las víctimas no tienen ninguna culpa. Por tanto, es más una pose política de rebeldía frente al cumplimiento de la ley. Y ojo, si esto sigue adelante, imagino que se irá al tribunal correspondiente y el Gobierno tiene mecanismo para hacer cumplir esa ley.
El monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife sigue generando divisiones. ¿Es posible encontrar un punto intermedio entre la conservación patrimonial y el respeto a la memoria de las víctimas?
En la ley se prevé que hay monumentos o partes de edificios que se pueden conservar en razón de su pertenencia al patrimonio nacional y hay una calificación. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y si ese monumento no debe estar ahí, se aplica la ley. Y si hay polémica respecto del mismo, resolverán los tribunales. Nunca llueve a gusto de todos. Polémicas siempre va a haber, creo que ahí es donde está la labor pedagógica y de educación sobre la memoria.
Ahora que el caso Gürtel está llegando a su fin, ¿cómo valora el impacto que ha tenido en la lucha contra la corrupción en España?
El caso Gürtel es un ejemplo de lo que no debería haber sido. En cuanto a las conductas de corrupción política, económica, la instrumentalización de instituciones y desvío de fondos que han hecho tanto daño a las propias estructuras de un partido que ha gobernado y ahora está en la oposición. Hasta el punto de que su sede se financió con dinero procedente de la corrupción. Eso es muy grave. La impunidad en los procesos de corrupción ni debe existir, ni existe. La causa estaba bien sustentada, bien instruida, no pudieron echarla abajo. Hasta el día de hoy ya son 94 condenas y serán al menos 20 más, 12 juicios celebrados y 22 sentencias firmes.
¿Está orgulloso del trabajo?
El trabajo se hizo como debía y se ha respondido por parte de la judicatura, solo que muy extendido en el tiempo. Han sido muchos años. Y la presión de otros jueces también ha existido. Y luego la degeneración en la causa Kitchen, que es precisamente desde las cloacas, buscar la eliminación de elementos probatorios para generar impunidad en el caso Gürtel. Los jueces, como servidores públicos, tienen que cumplir su labor y hacerlo de forma independiente. Pase lo que pase o sufran consecuencias, como ocurrió en mi caso. Yo volvería a hacer lo mismo. No quebranté ningún precepto porque el Comité de Derechos Humanos me ha dado la razón. Yo me siento orgulloso de esa investigación, de la labor de todos los jueces y, desde luego, me apena mucho la presión que se ejerció contra ellos y las repercusiones.
El PSOE no pasa por sus mejores momentos con la trama de Ábalos, Koldo y Cerdán. Y las investigaciones vinculadas a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. ¿Le pasará factura electoral?
Hay que distinguir casos y situaciones. No son para nada iguales los casos que afectan a la mujer del presidente o a su hermano, de los que está investigando el Tribunal Supremo de Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Son escenarios totalmente diferentes. Cuando hay una causa de presunta corrupción, hay que llegar hasta las últimas consecuencias. Me da igual el sesgo político. Si un juez se guía por el sesgo político, estaría delinquiendo. El otro caso, como también el que afecta al fiscal general del Estado, no tiene nada que ver. En el de la mujer del presidente ha habido una investigación absolutamente prospectiva que ha ido variando de objeto procesal y es una incidencia detrás de otra y se ve un sesgo no demasiado imparcial por parte del instructor. En el caso del fiscal general es que no hay ninguna consistencia. ¿Qué va a ocurrir si estos casos tan mediáticos acaban en una absolución? ¿Quién repara a todas estas personas cuando desde el principio objetivamente no había elementos definitivos para una investigación? Los jueces cuando admiten a trámite una denuncia tienen que ser muy cautos y ser muy severos y ver quién está denunciando y por qué. Hay querulantes oficiales y siempre del mismo sesgo que están a la que caen con bulos y generan una dinámica absolutamente perversa porque los tiempos de la justicia son diferentes de los tiempos políticos. Y últimamente en España la instrumentalización de la justicia en boca de determinados planteamientos políticos es el pan nuestro de cada día.
Entonces, ¿habrá castigo al PSOE por parte de los electores?
No me puedo poner en la piel de cada elector. Si fuera yo, lo primero que haría sería instruirme. Es como cuando opino sobre algo, si no sé, digo que no sé. Evidentemente, si veo que hay una instrumentalización, jamás me guiaría por ella, sino todo lo contrario. Cuando se trata de este tipo de casos lo importante es ser muy transparente, muy ágil en la administración y limitar perfectamente cuál es el objeto. Y si no hay objeto, hay que cerrar. Y el tribunal en apelación tiene que cerrar. Si no es alargar y llega un momento de revictimización que es muy difícil y puede tener consecuencias políticas, jurídicas, familiares, profesionales, etc.
¿El ordenamiento jurídico español debería reformar la manera en la que se responde a la corrupción?
En la Unión Europea hay una normativa muy exhaustiva en materia de lucha contra la corrupción. Hay una convención internacional contra la corrupción, normas de desarrollo, etc. Y España las tiene ratificadas. Lo que ocurre es que hay que tener la voluntad de aplicarlas y los medios suficientes para desarrollarlas. En España tenemos una Fiscalía Anticorrupción, pero no puede estar un proceso de investigación diez años abierto. Hay que dotar de más medios, hay que hacerlo más ágil porque se produce un deterioro que luego es irreversible. Hay normas y se pueden completar algunas. Por tanto, sí podemos avanzar, pero si no hay voluntad de aplicarla, pues da igual qué tengamos. Lo importante es generar las dinámicas que lleven a la justicia, a la política y al legislativo a diseñar mecanismos más ágiles que pongan fin a estas prácticas.
En Canarias, la compra de material sanitario vinculada al caso Koldo y otras polémicas coincidió con la gestión de Ángel Víctor Torres, ahora ministro. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil prepara un informe sobre su implicación. ¿Cree que ya ha salido todo lo que tenía que salir?
No puedo saber si ha salido todo porque no estoy en la investigación. Al margen de eso, estamos cometiendo un error grave y es la entronización y el blindaje que se le está dando a la Guardia Civil a la hora de valorar sus informes o sus investigaciones. Son informes, son como denuncias. La Guardia Civil o cualquier cuerpo de investigación tiene la obligación de suministrar hechos, no valoraciones. Y sobre todo, no permitirse juicios de valor cuando no se les solicita porque cualquier mención en este sentido parece que es palabra de Dios y no. Parece que porque lo diga la UCO ya no hay más que decir, y luego cuando se demuestra que es incorrecto, nadie se acuerda. Ojo con esos informes. Y con la presunción de inocencia. Otra cosa es la responsabilidad política. Y no se pueden hacer afirmaciones tan alegres sin elementos que las sustenten porque las imputaciones que había contra el ministro de Política Territorial se basan en unas afirmaciones que el propio individuo que las hace dice que no tiene pruebas. Tenemos que tener un poco de responsabilidad y no porque sea un oponente político, entrar a degüello. A lo mejor tendríamos que esperar a que el juez dijera algo.
Usted fue pionero en aplicar el principio de justicia universal. Tras la firma del plan de paz en Gaza, ¿qué pasa con los posibles responsables de crímenes de guerra? ¿Se cierra el capítulo judicial en nombre de la paz?
Bajo ningún concepto. La rendición de cuentas es un principio básico del derecho penal internacional. Si todos los países reconocieran el principio de justicia universal, no habría lugar a la impunidad. No siendo así, los espacios de impunidad son muy amplios. En España, desgraciadamente, estamos en el furgón de cola tras haber estado en el motor principal de la jurisdicción universal con la ley del 85 y con todas las iniciativas que se hicieron en este país. Como crítica, el Gobierno no avanza con la reforma de la ley de jurisdicción universal, a la oposición no le interesa o está en contra y tratándose de ley orgánica, pues tenemos el problema de las mayorías. Se haría si fuéramos realmente conscientes de lo que nos jugamos, lo que pasa es que vemos las cosas de lejos. Cuando las veamos cerca, ya será tarde.
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