El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente detalla en el auto en el que mantiene en libertad al exministro José Luis Ábalos a dónde se destinaron los pagos con dinero desconocido que le hizo su hombre para todo, Koldo García, y que le permitieron no sacar dinero en efectivo entre 2018 y 2023. Se trata de 94.883 euros, destinados a regalos para el entorno del ahora diputado del grupo mixto, la pensión alimenticia de uno de sus hijos, pagos a empleadas y gastos de viajes y servicios contratados por Ábalos, pero pagados por Koldo.
En su auto, el magistrado destaca que Ábalos se ha acogido “a su derecho constitucional a no declarar, no aportando así explicación razonable alguna que pudiera justificar la existencia de aquellos ingresos por razones distintas de las que en este procedimiento se le atribuyen; y que, además, aparecen corroboradas, por quien ha reconocido efectuar aquellos pagos ilícitos a los señores García Izaguirre y Ábalos”, en referencia al comisionista Víctor de Aldama, que declaró que pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo para tener acceso a él, pero sobre todo a su jefe, y con él al resto del Gobierno.
El magistrado se remite a la “existencia y robustez” de los indicios existentes contra Ábalos, quien “sin hacer uso de cantidad alguna en metálico procedente de sus cuentas bancarias durante varios años, efectuó, sin embargo, significativos ingresos en metálico en esas mismas cuentas”. Los “estrechos vínculos entre los patrimonios” de ambos llevan a que sea Koldo quien “habría venido asumiendo […] very significant expenses whose payment would correspond to the now deputy”.
Se trata de la “pensión alimenticia de uno de sus hijos; ingresos injustificados en las cuentas corrientes del señor Ábalos; cantidades destinadas a regalos u otras atenciones a personas que integraban el círculo personal o familiar” del exministro, como la compra de una pulsera a la que era su esposa, Carolina Perles, o “aportaciones económicas relacionadas con la Fundación Fiadelso y gastos de viajes y/o servicios prestados” a Ábalos.
Ingresos de Koldo
Además, Joseba García trasfirió 12.000 euros en enero de 2023 con el concepto “Provisión de fondos para tramitación de escritura de cesión de usufructo y extinción de condominio de don José Luis Ábalos Meco”, relacionados con la empresa del primero Audyper. En julio de 2020 le trasfirió 4.000 euros, en “concepto” alquiler de julio y agosto de 2020, sin que exista constancia de tal arrendamiento real.
Entre 2019 y 2021, además, Koldo trasfirió 26.600 euros por el alquiler de una vivienda en la madrileña calle del Humilladero. Ábalos nunca lo declaró. Y la que era esposa del asesor, Patricia Úriz, ingresó 5.700 euros en las cuentas del exministro, en junio de 2020, como pago anticipado de las rentas correspondientes a los meses entre julio y diciembre de ese año.
“No agotaría lo anterior la existencia de claros indicios acerca de beneficios económicos ilícitos que pudiera haber obtenido” Ábalos, puesto que habría que sumar el ingreso de 9.800 euros para el disfrute de un chalet en Marbella por parte de Ábalos Meco y su familia, y el disfrute de un piso del que disfrutaba la compañera sentimental” entonces del exministro, Jésica Rodríguez, en la madrileña plaza de España, que “fueron satisfechas por un socio de Aldama (Alberto Escolano)” y luego por el propio Koldo.
El juez destaca que el diputado se benefició de “nada menos que tres inmuebles, vinculados a Ábalos de forma directa o indirecta”, por “las comisiones generadas como consecuencia de las adjudicaciones que entidades dependientes del ministerio del que Ábalos era titular”. Se refiere al piso del que disfrutó Jésica, a los chalés de la costa andaluza y al piso de la Castellana, en Madrid.
Además, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también detectó que Ábalos recibió de su hijo un total de 23.379 euros en el periodo comprendido entre 2022 y 2024.
Para el magistrado todo ello resultan “indicios muy consistentes de que, tanto Ábalos como Koldo García podrían haber obtenido ilícitos rendimientos económicos a cambio de la indebida adjudicación de obras públicas, determinadas en el marco del ministerio del que el primero era titular, concertados con terceras personas para este fin.
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