El juez Arturo Zamarriego, que ha abierto una investigación por las maniobras supuestamente delictivas llevadas a cabo por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset contra la Guardia Civil y la Fiscalía, considera que tanto las presuntas presiones a la UCO como el intento de soborno que denunciaron dos fiscales Anticorrupción podrían responder a un mismo “plan” y por ello ha acumulado todas las investigaciones en un mismo procedimiento.
En una de sus últimas resoluciones, apunta una actuación “delictiva y coordinada” de la autodenominada periodista y el inversor para “malbaratar” investigaciones a políticos y empresarios.
“En este caso la tramitación separada no se justifica y en caso de seguirse causas separadas pudieran dictarse fallos contradictorios“, señala en un auto del pasado 7 de octubre que obra en el sumario al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que rectifica una decisión anterior en sentido contrario a petición de la propia Fiscalía.
Así, el juez señala que basta con examinar lo que tienen de común la denuncia inicial de la asociación Hazteoir.org y las denuncias de los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa para entender que “se trata de una misma actuación delictiva, continuada y coordinada” que lidera la señora Leire Díez relación, al menos, con el empresario Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, y que consistía en “recabar información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción” a cambio de “favores procesales o profesionales”, para “anular o malbaratar” las investigaciones de ambas instituciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios.
A su juicio, la acumulación de todas las denuncias no tiene por qué dar lugar a una gran macrocausa que impida su normal tramitación, “apareciendo cuanto menos María Leire Díez Castro implicada en unos y otros hechos, y sin que tales razones prácticas de operatividad, justifiquen la tramitación de distintos procedimientos”, por lo que acoge el criterio de la Fiscalía.
Las denuncias contra la exmilitante se presentaron a raíz de que se difundiera el vídeo de una reunión celebrada en febrero de 2025 en el que esta mujer aparece junto a varios abogados proponiendo ayuda con la justicia a un empresario, procesado por la Audiencia Nacional por un fraude millonario de hidrocarburos, a cambio de obtener información que pudiera utilizarse para perjudicar al número dos de la UCO, Antonio Balas, y a un fiscal Anticorrupción, José Grinda. Desde entonces Díez se ha venido defendiendo en diversos ámbitos y señalando que ella es una simple periodista buscando información para hacer un libro un caso concreto de fraude de hidrocarburos.
En el escrito en el que recurría que Zamarriego no ordenase en principio la acumulación de las denuncias, el fiscal Juan Pablo Nieto Mengoti señala que la conexión de lo ocurrido con el vídeo en el que se habla de Balas y las denuncias de los dos fiscales “es evidente” y se hace necesario investigarlos conjuntamente.
Lieutenant Colonel Antonio Balas commands the economic investigation area of the UCO, and is the officer against whom the socialist plumber Leire Díez was looking for dirt. / Víctor Lerena. EFE
Además, subraya “la singularidad de que estas presuntas ofertas de soborno tienen como fuerza principal, que les da credibilidad, la supuesta apariencia que ha conseguido crear la señora Leire Díaz Castro, de que ella habla en nombre de altas instancias del Estado“. Agrega que “esto es determinante”.
“En nombre del Gobierno”
En el caso de Stampa, la reunión tuvo lugar 7 de mayo de 2025, entre el fiscal, Leire Díaz Castro y Pérez Dolset un despacho de Madrid a fin de “ofrecer en nombre del Gobierno, compensaciones por unos pleitos pendientes” en relación con su pérdida de destino en la Fiscalía Anticorrupción, para que les ayudase a descubrir “irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción”. El fiscal denunció inmediatamente los hechos.
En cuanto a Grinda, la reunión tuvo lugar un poco antes, el 27 de febrero de 2025 e en el mercado de Barceló de Madrid con el periodista Pere Rusiñol, quien le convocó aprovechando la amistad entre ambos, y “le pasó una oferta de ventajas profesionales y económicas a cambio de facilitar información que perjudique al jefe de la Fiscalía Anticorrupción” citando como valedora de este acuerdo a Leire Díaz Castro. El fiscal denunció ese mismo día los hechos.
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