“O cambian ellos, o cambia la forma de Junts de hacer política en el Congreso y la próxima semana pasarán cosas”. Lejos de rebajar el órdago lanzado por la portavoz parlamentaria de los posconvergentes, Míriam Nogueras, durante la sesión de control al Gobierno, los de Carles Puigdemont lo refuerzan en forma de ultimátum. El aviso de Nogueras a Pedro Sánchez resonó en el Hemiciclo este miércoles al concluir que “habría que hablar menos de cambios de horarios y empezar a hablar de la hora del cambio”. El mensaje que reiteran en privado fuentes parlamentarias de Junts es que se le acaba el tiempo al Gobierno.
No se trata de una escenificación, advierten ante las interpretaciones en Moncloa que se apresuraron a minimizar el efecto de estas palabras. La relación entre el Gobierno y Junts vuelve a una fase crítica por la falta de avances en su agenda tras más de dos años de legislatura. Tanto en compromisos pendientes de materializar como en proposiciones de Junts con las que pretenden hacer bandera y que están bloqueadas. Entre los primeros destacan la oficialidad del catalán en la UE o la delegación de competencias en inmigración a Catalunya. En el segundo paquete, sus proposiciones de ley “para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles” o en materia de multirreincidencia. Ambas varadas en la comisión de Justicia desde el pasado año.
En el ministerio que dirige Félix Bolaños no cierran la puerta a sentarse a negociar sobre esta última medida, aunque lo despachan con un parco “ya varemos”. El Gobierno ya aprobó un plan de choque contra la multirreincidencia con la Generalitat y los socialistas que “está funcionando bien”. Entre sus medidas se incluyeron más juzgados de refuerzo y una mejora de la aplicación práctica del Código Penal. Fuentes parlamentarias del PSOE sí admiten que este asunto “es clave” para reconducir la relación y uno de los colaboradores del presidente del Gobierno explica sobre esta iniciativa que “siempre hay opciones de acordar, pero otra cosa es que pongan el listón muy alto”.
Respecto a la delegación de competencias en inmigración, que no salió adelante tras unir Podemos sus votos a PP y Vox, en el Ejecutivo alegan que no pueden votar por sus socios. Con todo, dicen no renunciar a seguir intentándolo o buscar fórmulas alternativas a la proposición que tumbó el Congreso para avanzar en este asunto. Con Aliança Catalana amenazando su posición electoral en Catalunya, para Junts se hace urgente capitalizar algunas de estas medidas.
El ultimátum de Junts tras concatenar varias reuniones con el PSOE en Suiza sin resultados supone un salto cualitativo. Fruto de una “evolución” por el deterioro de las relaciones, explican, aunque por el momento se evita hablar de una hipotética moción de censura o de instar a Sánchez a presentar una cuestión de confianza, como llegaron a plantear hace unos meses. Precisamente, fuentes de Moncloa defienden que “no se ha roto nada” porque “no va a haber una moción de censura”. Lo sustentan en que la línea roja no solo de Junts, sino del resto de socios para dejar caer al Gobierno, es que se demuestre financiación irregular en el PSOE “y sabemos que no la hay”.
Para el Ejecutivo se trata solo de una teatralización o una forma legítima de “apretar”. El argumentario recurrente entre los ministros socialistas este miércoles en el Congreso era que el aviso de “la hora del cambio” es solamente “un juego de palabras”. De ahí las reiteradas llamadas a la “calma” y “tranquilidad”. “Una frase redonda para los informativos”, respondía uno de los negociadores del Gobierno restándole importancia.
Reunión con Puigdemont
“Es el Junts de siempre”, explica otro ministro socialista para negar que haya novedad en su amenaza. Lo que sí reconoce es una estrategia “cuando quieren poner altas sus exigencias”. De ahí que apunten a que los discursos públicos no suelen coincidir con el punto real en el que están las negociaciones.
Un duro tono que desvinculan también de la falta de acuerdo sobre la senda de estabilidad, el primer paso necesario para elaborar los Presupuestos. Hacienda ha tomado la decisión de enviar ya la senda de estabilidad y el techo de gasto al Consejo de Ministros aun sin tener los votos amarrados. Primero se deberá convocar a las comunidades autónomas al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) para trasladarles su propuesta de déficit recogida en la senda de estabilidad.
Desde el grupo parlamentario de ERC sitúan a Junts como el principal actor de inestabilidad y no dudan de que vaya a romper a baraja o hacer caer votaciones. Una posición que descalifican como de ‘cuanto peor, mejor’ al abrir las puertas a una alternativa de gobierno con Vox.
Ante las fricciones, y más allá del margen para desbloquear iniciativas de Junts, el Gobierno se guarda todavía el comodín de una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El jefe del Ejecutivo volvió a reiterar este compromiso la pasada semana y, como novedad, lo desvinculó de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Ya durante su balance del curso político antes del parón estival reiteró esta intención, haciéndola extensible a líder de ERC, Oriol Junqueras. Como entonces, se sigue evitando concretar fecha y lugar.
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