La polémica sobre la comisaría de la Via Laietana continúa sin resolverse por más que desde el Govern traten de dar el asunto por zanjado. Las entidades memorialistas siguen exigiendo que no es compatible que el edificio sea reconocido como lugar de memoria y al mismo tiempo sea de uso policial teniendo en cuenta las torturas que allí se perpetraron por parte de la dictadura franquista. Es por ello que los Comuns han exigido en el Parlament, una vez más, tanto al president Salvador Illa como al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que se planten ante el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien han definido como el “principal obstáculo”.
“Deben posicionarse de forma pública y clara”, ha reclamado el diputado de los Comuns Andrés García Berrio, que ya ha anticipado la “concentración masiva” prevista para el 23 de noviembre y convocada por las entidades memorialistas, que hace décadas que batallan por esta demanda. “Para las víctimas no es compatible que el edificio siga siendo de uso policial. Ya que la impunidad ha hecho que no tengan derecho a la justicia, al menos que tengan derecho a la memoria y a la reparación”, ha insistido, además de reclamar que haya en Barcelona “uno de los mejores memoriales del mundo“, a la altura del Esma de Buenos Aires o el de la Topografía del Terror en Berlín.
No obstante, durante la respuesta a la demanda de los Comuns, el conseller Espadaler no se ha movido ni un ápice de la posición oficial que ya fijó el president Illa en el debate de política general a principios de mes. “Yo envié una carta al ministerio y la posición es la que es y la hago mía”, se ha limitado a decir. Bajo su juicio, sin que haya un acuerdo a tres bandas -Govern, Gobierno y Ayuntamiento de Barcelona- no es viable trasladar la policía a otras dependencias, como piden las entidades memorialistas.
Nueva carpeta para pactar
Más allá de este nudo que está por deshacer, los Comuns han advertido al Executiu de que, a partir de ahora, las exigencias en materia de memoria estarán “en el centro” a la hora de tejer nuevos pactos. García Berrio ha abogado por una “década intensiva de políticas de memoria democrática” para llegar a 2036, cuando se cumplirá un siglo del golpe de estado de 1936, con el “trabajo hecho”. Para ello, ha subrayado, hace falta redimensionar los equipos de la dirección general de Memòria Democràtica para abrir el millar de fosas que aún quedan e identificar a las víctimas para reparar a sus familiares.
Espadaler ha recordado que justamente que la nueva ley de memoria democrática catalana que debe ocuparse de gran parte de estas demandas está ya encarando su recta final en el Parlament, además de recordar que para financiar estas políticas harán falta también unos nuevos presupuestos que, por ahora, el Govern no está negociando ni con ERC ni con los Comuns.
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