El Govern ha autorizado este martes la firma del convenio que permitirá construir dos intercambiadores ferroviarios en Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental, Barcelona), una infraestructura largamente reclamada que conectará Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Rodalies. El acuerdo, que supone una inversión de 36 millones de euros, se enmarca en el protocolo de encomiendas de gestión suscrito entre la Generalitat y el Estado en 2022 para ejecutar mejoras en infraestructuras catalanas, y que también incluye actuaciones en la N-2, la AP-7, la AP-2 y la N-260.
Los nuevos intercambiadores se ubicarán junto a las estaciones de Hospital General, en la línea S1 (Terrassa–Barcelona), y de Volpelleres, en la S2 (Sabadell–Barcelona), enlazándolas con la R8 de Rodalies (Martorell–Granollers). Su objetivo es romper la actual estructura radial del sistema ferroviario, que obliga a pasar por Barcelona para conectar el Vallès Occidental con el Oriental. Con estos enlaces, la Generalitat y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible buscan mejorar la conectividad entre los ejes industriales y universitarios del territorio, facilitar los desplazamientos intercomarcales y reducir el uso del vehículo privado.
La consellera Sílvia Paneque ha destacado que se ha desencallado el acuerdo gracias al “diálogo entre las administraciones” y que se trata del impulso de un “modelo en red” que está llamado a mejorar la movilidad de este entorno.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el Ministerio de Transportes y Adif serán los firmantes del convenio. El administrador ferroviario elaborará los estudios previos de ambos intercambiadores, mientras que la Generalitat redactará los proyectos constructivos, licitará y ejecutará las obras, con la excepción de las actuaciones que afecten directamente a la red estatal, que asumirá Adif. Una vez que el Consejo de Ministros apruebe el acuerdo, que está previsto para este mismo martes, se podrá formalizar la firma y poner en marcha la fase de planificación.
Reivindicación territorial
La decisión del Govern llega después de años de retrasos y reclamaciones por parte de los municipios del Vallès y del propio Parlament de Catalunya, que la semana pasada aprobó una iniciativa de Junts per Catalunya instando al Estado a acelerar la firma del convenio antes de que acabe 2025. El diputado Salvador Vergés defendió que el Vallès, con cerca de 1,5 millones de habitantes y una de las mayores concentraciones productivas del país, “necesita una interconexión ferroviaria a la altura de su dinamismo económico y social”.
El alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, celebró entonces el apoyo parlamentario y subrayó que el proyecto es “absolutamente necesario” para mejorar la movilidad interna del municipio y con localidades vecinas como Rubí o Cerdanyola. “Sabemos que el presupuesto está aprobado y pedimos a la Generalitat que lo ejecute cuanto antes”, insistió. Vallès recordó que los intercambiadores cuentan con el respaldo de entidades empresariales y sociales, y que “facilitarán la conexión entre las ciudades del Vallès y la reducción del transporte privado”.
Travelers at the Volpelleres station. / Archivo
Desde el Consell Comarcal del Vallès Occidental, su presidente, Xavier Garcés, había reclamado aprovechar la línea R8 de Rodalies —que recorre el territorio de Martorell a Granollers sin pasar por Barcelona— para tejer una red transversal.
Concreción técnica
El proyecto de los intercambiadores nace en el acuerdo presupuestario de 2022 entre ERC y el PSOE, que permitió incluir por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 la cesión de determinadas obras estatales a la Generalitat. Aquella negociación —planteada como una fórmula para superar la histórica baja ejecución de inversiones en Catalunya— preveía transferir al Govern la gestión de actuaciones por valor de 900 millones de euros, entre ellas la N-2 del Maresme y precisamente los intercambiadores del Vallès.
El modelo, conocido como “encomienda de gestión”, ya se había aplicado con resultados dispares en la B-23 o la B-40, y su propósito era permitir que la Generalitat ejecutara directamente obras financiadas por el Estado. En el caso de los intercambiadores ferroviarios, el coste inicial se estimó en unos 20 millones de euros, aunque la cifra se ha actualizado hasta los 36 millones con la inclusión de mejoras técnicas y accesos.
Pese a que los Presupuestos de 2023 incluyeron partidas específicas, el proyecto permanecía bloqueado desde hacía tiempo. Entidades como Fem Vallès o la Associació de Municipis de l’Arc Metropolità llevaban doce años reclamando su ejecución.
Eficiencia ferroviaria
Los dos futuros intercambiadores permitirán que los viajeros cambien de tren sin necesidad de transbordos largos ni desplazamientos adicionales, integrando en un único punto las líneas S1, S2 y R8. En el caso de Volpelleres, la proximidad entre las vías —ya prevista en el diseño de la estación inaugurada en 2010— facilita la ejecución del enlace. En Hospital General, la obra requerirá un paso superior que conecte la estación de FGC con la de Rodalies, situada en el término de Rubí, lo que complica ligeramente la actuación.
Una vez completados, los intercambiadores servirán como modelo para futuras conexiones entre las redes autonómica y estatal, y forman parte del objetivo del Govern de vertebrar el territorio sin pasar por Barcelona. La Generalitat espera que estos enlaces permitan reducir los tiempos de desplazamiento, aumentar la frecuencia de paso y atraer nuevos usuarios al transporte público.
Próximos pasos
Según el convenio aprobado por el Govern, Adif elaborará los estudios funcionales de cada intercambiador en coordinación con la Generalitat, que asumirá después la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras. Los plazos aún no están cerrados, pero los trabajos podrían licitarse a lo largo de 2026, con un periodo de construcción de entre dos y tres años. Según la consellera Sílvia Paneque, los dos intercambiadores podrían estar en funcionamiento en 2028.
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