El líder de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa; su mano derecha, Pablo Crespo, y la mayoría de acusados han admitido los hechos de los que les acusa la Fiscalía en el último juicio de la macrocausa de corrupción.
Así lo ha expuesto este lunes la fiscal en la primera sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, precisando que de los 25 acusados, 20 de ellos han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía a cambio una condena menor.
Se trata del juicio relativo a la última pieza –denominada principal– sobre los delitos contra la Hacienda Pública que pudieran haber cometido Correa y Crespo con motivo de la ocultación de patrimonio, “en gran parte presuntamente procedente de actividades ilícitas investigadas en las piezas separadas”. Y, al mismo tiempo, la estrategia que habrían desarrollado para el blanqueo de los ingresos procedentes de dichas actividades.
En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía Anticorrupción explica que, desde al menos finales de 1998 y hasta 2009, Correa encabezó un entramado societario y personal dirigido a enriquecerse ilícitamente con cargo a fondos públicos.
“Fundamentalmente”, detalla, “con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad”.
Anticorrupción señala que la estructura empresarial para la que Correa obtenía “contratos mediante sobornos a cargos públicos” se dedicaba principalmente a la organización de eventos y viajes.
“Y bajo su dirección se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos”, indica.
La Fiscalía expone que, para ello, Correa y Crespo tuvieron la “connivencia” de otros acusados para armar una “trama de confección de facturas falsas” con la “triple finalidad” de: sobornar a los cargos públicos mediante la generación de fondos opacos para la Hacienda Pública y ajenos al circuito económico legal –“Caja B”–; reducir la base imponible en las declaraciones tributarias de distintas sociedades mediante la simulación de gastos irreales y la ocultación de ingresos percibidos, y encubrir al verdadero titular de los fondos, su origen y destino.
En su escrito, dado a conocer antes de la conformidad, Anticorrupción pedía 77 años de prisión para cada uno de los dos cabecillas de Gürtel, a los que la Audiencia Nacional ha concedido el tercer grado después de cumplir varios años de cárcel por otras piezas del caso.
Los otros acusados
El juez instructor de la causa, José de la Mata, acordó en 2020 sentar también en el banquillo a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco, así como a empresarios y supuestos testaferros que participaron en la operativa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos obtenidos por las personas físicas y jurídicas investigadas.
Al respecto, el juez incluyó en la lista a la que fuera administradora de empresas del Grupo Correa Isabel Jordán; a los empleados de éstas Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado, y a la exadministradora de una de las sociedades vinculadas Inmaculada Mostaza.
La nómina de personas que serán juzgadas abarca, entre otros, a los empresarios Jesús Calvo, Vicente Luis Agramunt y Guillermo Martínez por el mismo delito.
En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el magistrado reflejó las cantidades que tendrán que hacer frente los acusados, de acuerdo a las solicitudes efectuadas en los escritos de acusación, cuya suma total asciende a más de 199 millones de euros.
Más de 30 millones en comisiones irregulares
De la Mata explicaba en una resolución que las cantidades multimillonarias las obtuvo Correa por su “intermediación en la concesión de adjudicaciones irregulares que, junto con otros rendimientos obtenidos de su actividad presuntamente ilícita de cobro de comisiones y de la actividad de sus sociedades de eventos y viajes, habría ocultado a través de una compleja estructura societaria y financiera”.
Estos fondos nunca fueron declarados a la Hacienda Pública, pues Correa no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos el año 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas, según el magistrado, que calculaba el fraude a Hacienda en 24,8 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de Impuesto sobre el Patrimonio de los años 2000 a 2007.
El ‘número dos’ de la Gürtel, Crespo, también habría ocultado una parte de sus recursos económicos que procederían tanto de su intermediación en adjudicaciones irregulares como de inversiones realizadas con Correa y de servicios prestados al mismo, afirmaba.
Dicha ocultación se habría llevado a cabo a través de estructuras financieras y societarias en España y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad Cresva SL, y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las mercantiles que gestionaba, añadía el juez.
El papel “absolutamente relevante de los asesores”
En cuanto a los asesores Luis de Miguel y Ramón Blanco, el juez instructor les consideró cooperadores necesarios porque “su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación”.
“Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal. Ambos eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública”, expuso.
Aun así, para el juez, “lo relevante” no es que estos dos acusados colaboraran con los líderes de la Gürtel en la creación de la “maraña societaria”, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente que son “entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos”.
Facturas falsas y blanqueo de capitales
El magistrado instructor apuntaba también en esta pieza del ‘caso Gürtel’ a presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Sobre el primero, el auto afirmaba que se emitieron facturas para obtener el cobro, si bien su contenido “reflejan unas intervenciones que no han tenido lugar y unos servicios que no se han prestado”.
En cuanto al blanqueo de capitales, detallaba los mecanismos y procedimientos realizados por los investigados para dar apariencia de legitimidad o legalidad a los bienes o activos de origen delictivo. Así, describía una estrategia planificada bajo la dirección de Correa y Crespo regida por el principio de jerarquía y con la misión claramente definida de “enriquecimiento de su líder”.