El Parlament ha avalado este miércoles la tramitación de una proposición de ley de Junts que permitiría a las comunidades de vecinos denunciar okupaciones e iniciar un procedimiento de desahucio si el propietario no actúa. Ningún partido ha presentado enmienda a la totalidad, por lo que la propuesta seguirá su camino parlamentario. Sin embargo, varias formaciones han expresado sus dudas durante el debate y han dado por hecho que presentarán enmiendas al articulado. “Permitiremos la tramitación, pero esto no quiere decir que se salgan con la suya ni que acaben aprobando esta propuesta”, ha alertado durante el debate la portavoz de ERC, Ester Capella, una opinión que han compartido los Comuns y la CUP.
El texto de los posconvergentes propone modificar el Código Civil catalán y la ley catalana del derecho a la vivienda para que, en casos de okupaciones conflictivas, las comunidades de vecinos puedan iniciar acciones legales. La norma habilita al presidente de la comunidad a actuar “contra personas que hayan ocupado ilegalmente un piso o local” y cometan “actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o pongan en peligro el inmueble”. El texto también incluye como incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de que los grandes propietarios no inicien las acciones de desalojo requeridas.
La diputada de Junts encargada de defender la iniciativa, Glòria Freixa, ha defendido que la propuesta “no va contra personas vulnerables”, sino “en contra de mafias, delincuencia y ocupación conflictiva”, y ha asegurado que la ley solo busca que las comunidades de vecinos puedan actuar para evitar que bancos o fondos de inversión que tienen pisos ocupados se despreocupen de desalojarlos.
Junts ya intentó una propuesta similar en 2023. Sin embargo, en aquella ocasión, el texto final aprobado por la Cámara catalana solo facultaba a los ayuntamientos a iniciar procesos de desahucio de viviendas ocupadas en caso de que hubiera problemas de “alteración de la convivencia”. Inicialmente, el texto también daba poderes a las comunidades de vecinos para hacerlo, pero el redactado final -tras acordarlo así con PSC y ERC- no contempló esta posibilidad. La norma fue aprobada por los tres partidos y Cs, mientras que la CUP y los Comuns rechazaron el texto y Vox y PP se abstuvieron.
De hecho, durante el debate de este martes, los socialistas han reprochado a los posconvergentes que insistan en esta iniciativa y les han pedido que apoyen las políticas de vivienda impulsadas por el Govern. “Esta persistencia estaría bien que la tuvieran dando apoyo a medidas para avanzar en garantizar el derecho a la vivienda”, ha recriminado la diputada del PSC, Eva Candela. También Susanna Segovia, de los Comuns, ha reprochado a Junts no haber hecho “absolutamente nada” para la vivienda cuando gobernaban y les ha acusado de “vender humo”, mientras que la cupaire Laure Vega les ha acusado de “ir por el mismo camino que la derecha española”.
Por contra, el popular Pere Lluís Huguet ha avanzado que votarán a favor de la iniciativa, aunque su partido la considera insuficiente. Desde la extrema derecha, Sergio Macián de Vox ha dicho que la preocupación de Junts por las ocupaciones ilegales es “fingida”, mientras que Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha abogado por reformar el Código Penal.
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