José Emilio Suárez Trashorras facilitó los explosivos de los atentados de Madrid, el 11 de marzo de 2004, que costaron la vida a 192 personas, y lesiones a otras 2.000. A este asturiano de 47 años, diagnosticado de trastorno esquizoide, le condenaron a 34.715 años de prisión –a los que hay que sumar otros seis por la ‘operación Pípol’ de tráfico de drogas y explosivos–, aunque en la práctica sólo cumplirá 40 años, por lo que no saldrá de la cárcel hasta marzo de 2044, salvo que se acuerde su excarcelación.
La perspectiva otros veinte años en prisión no le gusta a Trashorras y está intentando por todos los medios salir de prisión, con la ayuda de su letrada, María Martín. Ha llegado a pedir la eutanasia, porque no soporta la cárcel. Y ha intentado que le den el tercer grado, lo que le permitiría salir de prisión.
Pero no dejan de denegárselo, la última vez el pasado 30 de septiembre, por parte de la sección primera de la sala penal del Tribunal Supremo. El tribunal hace caso de lo que sostiene la Junta de Tratamiento de la cárcel de Asturias, de la que se marchó en abril del año pasado. Trashorras “asume la autoría delictiva” de los atentados, pero “justificando que desconocía el uso que iba a hacerse de los explosivos que facilitó”. En cambio, “sí que se detecta cierta resonancia emocional y arrepentimiento cuando se refiere al delito y a algunas víctimas”, algo que no ocurría en las primeras entrevistas que le hicieron.
Son mimbres para empezar a trabajar, pero Trashorras aún no puede ser puesto en libertad. Presenta “un pronóstico de reincidencia alto“, esto, podría volver a delinquir si llegase a recobrar la libertad en este momento.
Para la Junta de Tratamiento, que se reunió en agosto de 2024 para abordar la posible progresión de grado de Trashorras, considera que “no queda plenamente acreditada una evolución favorable que permita, en el momento actual, inferir una capacidad en el penado para llevar, en lo sucesivo y con garantías, una vida alejada de la comisión de futuros delitos”. Añade el Supremo, que “la Junta de Tratamiento, que es en definitiva quien mejor conoce al interno en tanto que obligatoriamente ha de realizar un seguimiento de su evolución con ocasión de cada revisión clasificatoria, decide proponer el mantenimiento en segundo grado”.
Trashorras acordó con Jamal Ahmidan facilitarle cerca de 200 kilos de dinamita de Mina Conchita, situada en el límite de Belmonte de Miranda, Salas y Tineo. No pudo demostrarse la participación algún minero en los hechos.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias rechazó en febrero de 2024 –antes de su traslado a Segovia, en agosto de 2024– la progresión de grado de Trashorras. Un auto de junio de 2025 volvió a rechazar que el exminero alcanzase el tercer grado. Y ahora es el Tribunal Supremo el que vuelve a rechazar la posibilidad de que salga de prisión. También lo intentó hace unos años alegando su enfermedad mental y la supuesta necesidad de ser tratado en un centro psiquiátrico adecuado.
También intentó la vía utilizada por los presos etarras para lograr medidas penitenciarias más suaves, e incluso la excarcelación: pedir perdón por carta y reunirse con una de las víctimas. Lo hizo con Jesús Ramírez, que fue presidente de la Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, y el encuentro tuvo lugar en la cárcel del Dueso, en Cantabria. Le dijo: “Perdón por haberte arruinado la vida, perdón por haberte jodido. No habría vendido la dinamita de saber para qué era”.
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