El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto juicio oral al dueño de la empresa española encargada de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres, acusado de espiar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, durante su asilo en dicha legación diplomática.
Para este acusado, David Morales, gerente de la empresa Undercover Global (UC Global), la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 13 años y 6 meses de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos, cohecho y tenencia ilícita de armas, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EFE.
Para el otro acusado, el responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, el fiscal Pedro Martínez Torrijos reclama tres años y medio de prisión por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.
La semana pasada ya se hizo pública la petición de pena que pedía para ambos el propio Assange -20 años y 6 meses de cárcel para Morales y 5 años para Wallemacq-, así como la que han efectuado de otros perjudicados por este presunto espionaje, entre ellos el expresidente de Ecuador Rafael Correa.
Una vez presentados todos los escritos de acusación, el juez instructor ha emitido este lunes el auto de apertura de juicio oral, al que también ha tenido acceso EFE.
En dicho auto, el magistrado fija la responsabilidad civil para los dos acusados y la mercantil UC Global en 30.000 euros, y les apercibe de que de nos ser depositada esta cantidad en el plazo de diez días se procederá al embargo de sus bienes.
Según relata el fiscal en su escrito de acusación, entre 2015 y 2018 la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres fue contratada con la empresa española a UC Global, con sede social y oficinas en las localidades gaditanas de Puerto de Real y Jerez, respectivamente, relata el fiscal en su escrito.
En 2017, prosigue, Morales constituyó una pequeña unidad de trabajadores en su sede de Jerez a los que encargó que empezaran a realizar una labor de recolección de información dentro de la embajada que recopilarían los operadores que se encontraban allí físicamente, todo ello con la ayuda esencial del otro acusado.
Ordenó también la instalación de nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, podían registrar el audio de las conversaciones confidenciales que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con numerosas personalidades, pero pidió a lo operadores que esta nueva función quedara oculta a simple vista y para el propio Assange.
Entre los afectados por la presunta maquinaria de espionaje de Morales estarían el abogado Baltasar Garzón, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias o los exmandatarios de Bolivia, Evo Morales; Ecuador, Rafael Correa; Argentina, Cristina Fernández de Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff, y Uruguay, José MUgica.
Además de esas escuchas ilegales, los empleados de UC GLobal en la embajada retenían los teléfonos de las personas que se reunían con Assange y lo fotografiaban, incluida la tarjeta SIM, número de IMEI e incluso mensajes, lo que afectó a varios de sus amigos y visitantes reconocidos, entre ellos la actriz Pamela Anderson.
Tras la filtración en 2010 de documentos clasificados en Estados Unidos y para esquivar las órdenes de arresto emitidas contra él -entre ellas una de Suecia por cargos de abuso sexual, que luego se retiraron-, se refugió en 2012 en la embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció hasta 2019.
Fueron casi 14 años de odisea judicial para Assange -gran parte de los cuales los paso encerrado en la embajada de Ecuador en Londres-, hasta que finalmente quedó en libertad en diciembre de 2024.